A finales del 2012, siguiendo las noticias aparecidas en prensa, mi compañero Alfonso Pacheco, escribió sobre la posible reforma de la Ley General Tributaria para incluir, entre otras cuestiones, la publicación de la lista de incumplidores tributarios. Los trámites para realizar la citada modificación, ya se han iniciado, y esta publicación se regularía en el artículo 95 bis de la mencionada Ley.
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia prevé en su disposición adicional segunda que en el plazo de cinco años desde su entrada en vigor debería ser una realidad el expediente judicial electrónico.
La verdad es que desde la aprobación de esa norma son pocas las noticias que se han tenido de su desarrollo, y lo cierto es que es lícito dudar de que la tramitación electrónica TOTAL, incluyendo el acceso de los profesionales al contenido completo de los expedientes telemáticamente (y así dejaríamos de jugar a Indiana Jones en busca del expediente perdido), sea una realidad en plazo, máxime teniendo en cuenta que la otra pata fundamental de la reforma de la Justicia, la nueva oficina judicial tampoco se ha implementado en los plazos previstos. Pero algún pasito sí se da.
Ya saben ustedes que desde hace unos años los traslados de las resoluciones y documentación que tienen su origen en los Juzgados se hace llegar a las partes, a través de sus procuradores, vía el sistema LEXNET, es decir, en formato electrónico, mientras que la presentación de escritos por las partes, y traslados entre ellas, se realiza por medios tradicionales: papel a través de las oficinas de Decanato y Colegio de Procuradores.
A partir de… ya, esta dualidad de soportes en principio toca a su fin, porque el Ministerio de Justicia ha desarrollado el sistema Lexnet (Real Decreto 84/2007, de 26 de enero), de forma que ya es posible la presentación por las partes a través de esa plataforma de sus escritos iniciales y posteriores de trámite. Tanto es así que la presentación electrónica en Mallorca ya es obligatoria para los procuradores desde septiembre (de forma progresiva) y a lo largo de los meses de octubre y noviembre lo será para abogados (y graduados sociales), de acuerdo con el calendario elaborado desde el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, en aquellos procedimientos y actuaciones en los que no sea preceptiva la intervención de procurador pero sí intervengan los profesionales citados, abogados y graduados sociales. (más…)
En Madrid, en la planta séptima del Teatro Real, se ha celebrado hoy, martes 7 de noviembre, el V Congreso de Regulación Publicitaria Digital.
Tras las palabras de bienvenida del Director General de IAB Spain, Antonio Traugott, y de Fernando Herrero Acebes, Subdirector General de Promoción Económica y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Madrid exaltando el empoderamiento que para el ciudadano supone tanto internet como las redes sociales, las funcionalidades que para la ciudadanía puede aportar el fenómeno del open data, y la necesidad de que estos avances sean, en mayor o menor medida dio comienzo la jornada. (más…)
Esta vez, nos convocaron en el Aula Magna del Instituto de Empresa, en Madrid. Hoy, 24 de septiembre de 2014 ha tenido lugar el VI Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute (DPI), una iniciativa de la Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Fórum Spain).
Pasaban de las 9 de la mañana cuando Carlos Alberto Saiz, como Director del DPI y Vicepresidente del ISMS Fórum Spain nos daba, junto con Álvaro Arenas, docente de la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa (IE Business School) la bienvenida y de paso el banderazo de salida de lo que sería una mañana cargadita de interesantes contenidos. (más…)
La Instrucción 1/1996 de la Agencia Española de Protección de Datos establece, de forma muy clara, que al menos, en las zonas videovigiladas debe existir un cartel informativo ubicado en lugar suficientemente visible. ¿Se cumple esta obligación en la práctica? Hemos realizado un pequeño experimento haciendo fotos de los citados carteles, en un espacio de 300 metros en Madrid, desde la Glorieta de Bilbao hasta San Bernardo. Por la tarde, 100 metros más de recorrido por la calle Fuencarral. Y despúes, en metro hasta Opera, entrando en el Teatro Real. Y esto es lo que hemos encontrado.
El 23 de mayo de 1993, el periodista de “El País” tituló la crónica del concierto de U2 del día anterior en Madrid, “Mejor la tierra que en el cielo”. U2 presentaba su disco Achtung Baby en su gira ZooTv (Zooropa’93) para estadios, que causó un gran impacto visual por aquellos años (1992-1993). La crónica venía a decir que “por muchas pantallas y tecnología, lo mejor era cuando la banda se quedaba en el escenario situado en medio del estadio, cuando eran más humanos”. Hoy, casualmente, para un seguidor de U2 es un día especial, ya que se espera que, tras semanas de rumores, en la presentación del nuevo iPhone6, aparezca U2, e incluso, esté cargado su nuevo disco tras cinco años de silencio.
¿Y qué tiene que ver todo esto con el evento que ha organizado el Comité de Expertos de Google sobre el derecho al olvido?
Mediante sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de mayo de 2014, se ha estimado el recurso contencioso-administrativo planteado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra la Resolución de Archivo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de 24 de febrero de 2011, que había considerado la no existencia de infracción de Administraciones públicas en relación con la actuación de los Servicios Vascos y Cántabros de Salud. Éstos, con el objeto de racionalizar el gasto público, habían automatizado un procedimiento para sustituir los medicamentos prescritos por los médicos por otros de carácter genérico.
En un post anterior publicado en este blog, comentamos dos sentencias sobre los comentarios en Twitter y Facebok como motivo de despido. Volvemos de nuevo a analizar una sentencia en la que una de las pruebas determinantes viene motivada por la actividad en las redes sociales. En este caso, ela publicación de cierta información en la citada red social Facebook como prueba en el procedimiento que se tramita para reconocer el derecho de asilo.
Artículo escrito a pachas por Alfonso Pacheco Cifuentes y Álvaro Pérez Menéndez, Jefe de Sistemas y Proyectos del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears.
Al hablar de protección de datos nos pasamos horas hablando sobre su carácter de derecho fundamental y su capital importancia para el mundo (con permiso del blanqueo de capitales o de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que a este paso todo titular de una actividad económica terminará declarando como segunda actividad el cumplimiento de la burocracia normativa…), sobre el principio de calidad, la obligación de ofrecer contenidos informativos, la necesidad de recabar el consentimiento de los interesados y lo esencial de implementar un sinfín protocolos y muchas medidas de seguridad.
Pero muchas veces nos olvidamos de lo realmente, importante, que son las personas, el propietario de esas manitas que manejan el teclado y el ratón del ordenador o de la cabecita que decide sobre lo que se puede o no hacer con la información de carácter personal que maneja. Muchas de las denuncias que se presentan por los interesados (iba a decir perjudicados, pero ya saben ustedes que no es necesaria dicha condición para formular denuncia ante la AEPD) vienen derivados de errores o, incluso, meros despistes de funestas consecuencias. (más…)
Ya saben los lectores de este blog que el mundo moderno en general —y en particular el jurídico— es como un embudo en el que, eches lo que eches por su parte ancha, lo que termina saliendo por su extremo inferior es algo relacionado con el mundo eleopediano, habida cuenta del marcado carácter transversal de La Norma, la LOPD.
Da igual la regulación que analices. Podríamos hablar, por ejemplo, de norma ISO y derivaciones jurídicas de la recogida del higo chumbo en temporada baja1, que algo relacionado con la LOPD encontraríamos, no les quepa duda.
Y si eso nos pasa con los higos chumbos, qué les voy a contar si la norma es el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que dedica dos artículos, 60 y 61 a la protección de datos de carácter personal: el primero, dedicado a la utilización de datos y nivel de los tratamientos de carácter general, y el segundo a los ficheros comunes del artículo 33 de la Ley 10/2010.
Me voy a centrar en el artículo 60, el que determina los niveles de seguridad de los tratamientos llevados a cabo para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo.
El tenor literal del precepto es el siguiente: (más…)